Conclusiones obtenidas tras la realización de las Jornadas sobre el Estatuto de Autonomía de Melilla

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Los melillenses, como parte integrante de la Nación española y dentro de su indisoluble unidad, defendemos y deseamos la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Con esta motivación y lealtad a los valores constitucionales, los melillenses tenemos que trabajar y luchar por una reforma estatutaria que permita a Melilla convertirse en una Comunidad Autónoma que nos brinde a los melillenses la posibilidad de llegar a ser ciudadanos de primera.

Para ello es imprescindible que nos den por una vez la oportunidad de poder asemejar nuestro Estatuto al de las Comunidades y que nos permitan recoger nuestras especificidades. Melilla no ha de ser tan reivindicativa como las Comunidades Autónomas nacionalistas, pero tampoco ha de ser tan conformista como las castellanas. Debemos de inclinarnos por una vía regionalista e intermedia, similar a la Canaria.

¿Por qué no vamos a ser nosotros comunidad? Les recordamos a los que se oponen, que la DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA de la Constitución otorgaba a los Ayuntamientos de Ceuta y Melilla la decisión de poder constituir a sus respectivos municipios en Comunidades Autónomas. Nos reconocía explícitamente nuestro derecho a ser Comunidad, a los melillenses, no a los Andaluces ni a los Vascos, sino a los melillenses, y a día de hoy, junto con Ceuta, somos los únicos a los que no nos han permitido serlo.

Por tanto, consideramos que la actual Carta Municipal con delirios de autonomía otorgada por Felipe González Márquez a Melilla en 1995, que nos define como Ciudad Autónoma, en lugar de Comunidad, atenta gravemente contra la Carta Magna y provoca nuestra discriminación dentro del Estado español, por lo que si el iniciado proceso de reforma estatutaria no finaliza con la conversión de Melilla en Comunidad Autónoma, sencilla y llanamente, será un rotundo fracaso.

Ejemplo de ello es que Melilla en la actualidad sufre un grave problema de infrarrepresentación en la Cámara Alta de las Cortes Generales. Las Autonomías constituidas en Comunidades, por este simple hecho, tienen derecho al menos a un SENADOR AUTONÓMICO, mientras que a los melillenses se nos discrimina al no reconocérsenos simplemente por una cuestión de denominación.

Para que la Ciudad Autónoma tenga derecho al senador autonómico, pedimos la conversión de nuestra ciudad en Comunidad, aunque si esto supone un problema muy grave para los que mantienen posiciones cercanas al pensamiento franquista, no tenemos inconveniente alguno en plantear una reforma de la Constitución.

Si el artículo 69.5 de la Constitución dejase de nombrar a las CC.AA. para incluir la expresión “Autonomías Españolas”, supondría para cada ciudad contar con un senador autonómico propio. Además, por supuesto, habría que reformar todos los artículos constitucionales que nombran a las CC.AA. para la sustitución de la citada expresión.

Evidentemente la razón y la lógica nos dice que para evitar una reforma constitucional, Melilla debería convertirse en Comunidad Autónoma, ya que les vuelvo a recordar que nuestra Constitución en ningún momento reconoce explícitamente a ningún territorio de España su derecho a convertirse en Comunidad Autónoma, salvo a las ciudades de Ceuta y Melilla mediante la Disposición Transitoria Quinta, a pesar de lo cual los melillenses y ceutíes somos los únicos melillenses que no estamos integrados en ninguna comunidad autónoma.

AMPLIAR EL TECHO COMPETECIAL

Atendiendo nuevamente al espíritu constitucional, deben reformarse los estatutos de Autonomía de las Ciudades Autónomas, ya que los actuales son discriminatorios e irrisorios, e implican que los ciudadanos de las CC.AA. intervengan en multitud de decisiones que afectan solamente a melillenses y ceutíes, como la educación y la sanidad, mientras que nosotros no tenemos ni voz ni voto en esos mismos temas cuando afectan a su ámbito autonómico, debido a que su nivel competencial está infinitamente más desarrollado que el nuestro.

Desde la Asociación Melillense de Estudiantes Universitarios siempre hemos defendido y defenderemos que las competencias de Educación sean transferidas a nuestra ciudad, porque… ¿En base a qué un catalán puede tener una Agencia Tributaria Propia y los melillenses no podemos gestionar la educación no universitaria? ¿Es que acaso nos consideran débiles mentales?

En nuestra ciudad batimos todos los récords de fracaso escolar tanto de España como de Europa, lo que supone una vergüenza rotunda para el sistema educativo melillense que gestiona el Estado. Si el Gobierno de la nación, ahora socialista y anteriormente popular, no ha sabido ni sabe como hacer frente a que más de la mitad de los melillenses siquiera logre superar la ESO, démosle una oportunidad a la Ciudad Autónoma, como se le ha dado a todas las Comunidades Autónomas.

Hace unos pocos años Aznar transfirió las competencias en materia educativa a las Comunidades, sin que supusiera el hundimiento ni peor funcionamiento de la Educación en España. Así que visto el éxito, es el momento de que Zapatero permita que el nuevo Estatuto recoja la posibilidad de que el Estado pueda llegar a ceder algún día las Competencias Educativas a Melilla.

El único problema es que los dirigentes de cierto partido nacional con implantación en Melilla, mientras que defienden y apoyan que en Cataluña se fomente el separatismo, en nuestra ciudad representan el férreo centralismo franquista, como lo demuestra su rotunda oposición a que los melillenses podamos aspirar estatutariamente a nuestro derecho constitucional de gestionar la Educación.

Para ello utilizan como excusa barata la argumentación de que tan sólo somos 66.000 ciudadanos en nuestra ciudad, es decir, el 0,16% de los españoles, con lo cual alegan que es una competencia que nos viene grande para una autonomía tan pequeña.

Pero los socialistas olvidan que en España existe una Comunidad Autónoma, La Rioja, que posee las competencias de Educación y tan solo cuentan con 276.000 habitantes. Por lo tanto les pido: no nos comparemos más con autonomías como Andalucía o Madrid, con millones de censados, y comparémonos con la autonomía que más se nos asemeja en población, que es La Rioja.

Cierto es que existe una proporción de cuatro riojanos frente a un melillense, pero también lo es que por cada ciudadano de ésta Comunidad hay 26 andaluces, si 26. Lo recalco porque eso no supuso que le negaran el acceso a las competencias educativas, algo de lo que me alegro profundamente, porque todos los españoles, incluidos los melillenses, DEBERÍAMOS SER IGUALES.

Pero lo único cierto, y que nadie puede discutir, es el odio de los que apelan al consenso para intentar torpedear la reforma estatutaria en nuestra ciudad, si no que miren las hemerotecas.

Ya en 1990 el grupo parlamentario CENTRO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL, fundamentándose en la Disposición Transitoria Quinta y el artículo 144 de la Carta Magna, presentó en el Senado una Proposición de Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía de Melilla. En ella se recogía la inviolabilidad de sus diputados, capacidad legislativa de nuestra Ásamblea, el Senador Autonómico, legitimación para presentar recursos de inconstituconalidad, todas las competencias en Educación (salvo las universitarias), incluía un Régimen Económico y Fiscal propio, exigía que su posible reforma fuese aprobada por la Asamblea de Melilla.

Como premonición histórica, los únicos que votaron en contra de ésta propuesta, fue el PSOE. Y es que a lo largo de la historia de la democracia, ha existido un consenso abrumador en torno a la cuestión autonómica de Melilla. El CDS, el PP, IU, el PNV, CiU, el Partido Aragonés, Unión Valenciana, el Partido Nacionalita de Melilla, la Unión del Pueblo Melillense, Coalición por Melilla, etc… han apoyado la posibilidad de que Melilla sea Comunidad, todos salvo la calle Ferraz, justificando su negativa “a la falta de consenso”.

COMUNIDAD AUTÓNOMA UNIPROVINCIAL

La carta magna en su artículo 141.1, define a la provincia como entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las obligaciones del Estado.

Según ésta, el Documento Nacional de Identidad de los melillenses es inconstitucional, ya que en su reverso aparece: nacido en Melilla, Provincia: Melilla, y según el mencionado artículo de la Constitución no lo somos.

En la práctica se nos viene considerando provincias, así que la solución no es discriminarnos, sino reconocernos como tal. Para ello proponemos que se constituyan las provincias número 51 y 52 del Estado español, procediendo a integrar la quincuagésimo-primera los territorios españoles de Ceuta, el Peñón de Vélez de la Gomera y el Islote del Perejil, y la número 52 la Ciudad de Melilla, las islas Chafarinas y el Peñón de Alhucemas. Así se evitarían además lagunas jurídicas y constitucionales como la que propició la invasión del islote Perejil, debiéndose incluirse para ello los peñones e islas españolas del norte de África en las futuras provincias de Ceuta y Melilla.

Nos reiteramos en que la solución no es excluirnos como siempre, sino reconocernos como la provincia número 52 del Estado español, ya que sino en la división territorial que supone la provincia para el cumplimiento de las obligaciones del Estado, Ceuta y Melilla continuaremos siendo excluidas y discriminadas, una vez más.

Para posibilitar la constitución de éstas, proponemos que el nuevo Estatuto de Autonomía melillense inste al gobierno central a la modificación de la definición constitucional de provincia, proponiendo la siguiente: La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y / o islas y peñones españoles situados en el norte del continente africano.

Con la conversión de Melilla en provincia y gracias a la Disposición Transitoria Quinta, se abriría así aun más la puerta para que los melillenses dejemos de ser los raros de España, los especiales, los débiles mentales a los que no puede permitírseles autogestionarse. Si conseguimos convertirnos en una COMUNIDAD AUTÓNOMA UNIPROVINCIAL, al fin seremos como un murciano, un cántabro o un riojano.

EXTRAPENINSULARIDAD

El Estado está obligado por la Constitución a velar por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo en las diversas partes del territorio español, así como a atender con especial atención las circunstancias del hecho insular.

Ésta situación es insultante para los melillenses, ya que los ceutíes y melillenses, al igual que Canarios y Baleares, también sufrimos la lejanía del resto de nuestros compatriotas. Es más, estamos convencidos de los que más la padecemos somos los melillenses, porque mientras que sesentaitantos mil melillenses estamos solos a doscientos kilómetros, los ciudadanos insulares cuentan cada uno de ellos con la compañía de millones de vecinos y turistas en sus propias islas.

Nosotros somos los que más sufrimos el aislamiento geográfico con respecto al resto de la nación española, nosotros somos los que padecemos las cafeteras volantes y los barcos plagados de piojos y cucarachas mientras los otros celebran regatas con familia real al completo.

En resumen, hay que solicitar que se reforme la Constitución para sustituir el término insular por el de extrapeninsular, ya que la especial atención no ha de prestarse solamente a las Comunidades Insulares por su particular situación geográfica, sino a todas las AUTONOMÍAS EXTRAPENINSULARES.

REFORMA DEL ESTATUTO DE CANARIAS.

Los melillenses, hemos de fijarnos y tomar buena nota de la reforma estatutaria que han emprendido el PSOE y Coalición Canaria, sin el consenso del PP, supondrá nada más y nada menos que reconocer a las Islas como un archipiélago atlántico que controlará las aguas interinsulares.

Al reconocer la condición de Canarias como región ultraperiférica, podrá solicitar al Estado que se articulen políticas específicas para el Archipiélago derivadas de esa condición de lejanía e insularidad.

El nuevo texto también permite consolidar el Régimen Económico y Fiscal (REF) del Archipiélago, ya que cualquier modificación que se plantee, tendrá que contarse con el informe vinculante del Parlamento canario, mientras que hasta ahora la posición regional no era decisiva.

Pero esto no es todo, lo más gracioso es que uno de los partidos que promueven esto a los melillenses nos niegan ser Comunidad, y además han incluido en el articulado del nuevo estatuto algunos puntos que los melillenses deberíamos también de incluir. Les cito los artículos de los que deberíamos tomar nota.

Artículo 2.

El Estado, en el ámbito de sus competencias, deberá modular en relación a Canarias sus políticas y actuaciones legislativas y reglamentarias, así como sus decisiones financieras y presupuestarias cuando la lejanía e insularidad y la condición de ésta de región ultraperiférica de la Unión Europea incidan de manera determinante en las materias de competencia estatal, fijando condiciones específicas para su aplicación en el Archipiélago. Esta adaptación se producirá en materia de transportes, puertos; aeropuertos; inmigración; fiscalidad y cooperación al desarrollo de países vecinos, entre otros muchos.

Artículo 3.

El ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias comprende el archipiélago canario, integrado por las siete islas, por el mar que las conecta y por el espacio aéreo correspondiente.
La Comunidad Autónoma de Canarias ejercerá sus competencias en el ámbito espacial del archipiélago canario en el mar territorial, en la zona económica exclusiva, en el lecho y subsuelo de estos espacios marítimos y en su espacio aéreo.

Artículo 158.

La Comunidad Autónoma de Canarias participará en las instituciones de la Unión Europea, así como de los diferentes organismos internacionales, en los términos establecidos por la Constitución, el Estatuto de Autonomía, los tratados y convenios internacionales, la legislación aplicable y los acuerdos suscritos entre el Estado y Canarias.
Esta participación se producirá cuando se afecte a su condición de región ultraperiférica o se traten materias como cooperación transnacional y transfronteriza, políticas económico-fiscales, cuando afecten singularmente los intereses del archipiélago canario.
El Gobierno de Canarias formará parte de las delegaciones españolas ante la Unión Europea cuando se vea afectada su condición de región ultraperiférica.

Artículo 160.

La Comunidad Autónoma de Canarias será informada durante el proceso de negociación y elaboración de los tratados y convenios internacionales y de las negociaciones de adhesión a los mismos en cuanto afecten a sus singularidades o a las condiciones para la aplicación de la normativa europea. Recibida la información, el Gobierno de Canarias manifestará su parecer, en su caso.

La Comunidad Autónoma de Canarias podrá solicitar del Gobierno del Estado la celebración de tratados o convenios internacionales en materias de interés para Canarias.

Artículo 161.

El Gobierno de Canarias puede instar al Gobierno del Estado a iniciar acciones ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

Artículo 130.

Las administraciones públicas canarias instarán al Estado y a la Unión Europea a adoptar

las medidas económicas y sociales necesarias para compensar su carácter ultraperiférico y el hecho insular.

Artículo 131.

Canarias tiene un régimen económico y fiscal especial, propio de su acervo histórico constitucionalmente reconocido y justificado por su hecho diferencial.

De acuerdo con las bases económicas del régimen económico fiscal de Canarias se adoptarán, por las administraciones competentes, medidas específicas en materia turística, energética, medioambiental, industrial, financiera, de transportes, de puertos y aeropuertos y de telecomunicaciones y, en particular, se mantendrá un diferencial fiscal favorable en Canarias respecto al resto de España y de la Unión Europea.

Artículo 133.

En virtud del principio de la solidaridad interterritorial, se constituirá un programa de inversiones públicas cuyo monto se distribuirá entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, de tal modo que las inversiones estatales para cada ejercicio presupuestario no sean inferiores al promedio que corresponda para el conjunto de las Comunidades Autónomas, excluidas de este cómputo las inversiones que compensen del hecho insular, de la lejanía y de la ultraperificidad europea.

¿POR QUÉ LOS CANARIOS PUEDEN SER REGIÓN ULTRAPERIFÉRICA Y TENER UN RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL PROPIO Y LOS MELILLENSES NO TENEMOS NADA?

¿POR QUÉ ELLOS PUEDEN OBLIGAR AL ESTADO A FIJAR UN MÍNIMO DE INVERSIONES DE POR VIDA Y CASI HASTA VETAR LOS TRATADOS INTERNACIONALES QUE QUIERA FIRMA ESPAÑA?

¿POR QUÉ UNOS TANTO Y OTROS TAN POCO?

Gracias al Tratado de Ámsterdam, Canarias hoy es una región ultraperiférica de la Unión Europea, y gracias a esto, las Islas disfrutan de un régimen económico y fiscal propio.

El famoso, y afortunadamente fracasado, Tratado por el que se establecía una CONSTITUCIÓN para EUROPA, del cual pasaron los melillenses, en su Artículo 299 consagraba a Canarias todo lo que ha conseguido y cerraba la puerta a que Melila pudiera conseguirlo, ya que cerraba el cupo de regiones ultraperiféricas a las siete actuales: los cuatro departamentos franceses de Ultramar, las Islas Canarias y los archipiélagos portugueses de Azores y Madeira.

Las regiones ultraperiféricas se encuentran en una situación única dentro de la Unión Europea. La principal peculiaridad de estas es un entorno natural marcado por la insularidad, aunque esta característica parece no ser indispensable para la constitución en tal, ya que la Guyana francesa es una región ultraperiférica a pesar de estar situada en pleno continente americano.

Otras características de estas son que se encuentran alejadas del continente europeo, y al mismo tiempo, en la mayoría de los casos, cerca de terceros países generalmente menos desarrollados.

Ceuta y Melilla cumplen todas las características para ser regiones ultraperiféricas y no lo son. ¿Por qué? No hay ningún motivo para que no lo seamos, así que este derecho debe reclamarse para Ceuta y Melilla.

Ahora a algunos le ha dado por decir que es que no estamos lo suficientemente lejos de Madrid. ¿Dónde pone el número de kilómetros a los que tengamos que encontrarnos de Madrid? ¿Dónde pone que la ciudad de referencia es Madrid? Si estamos en Europa… ¿Lo lógico no sería hablar de Bruselas, que estará a unos dos mil kilómetros? De todos modos, les digo que Madeira solo está a 800km de Lisboa, no muchos más que Melilla de Madrid. Y es más ¿Cuánto pagan ellos por un billete de avión y cuanto nosotros?

Es muy importante que seamos una de estas regiones, ya que el Tratado recogía:

Teniendo en cuenta la situación estructural social y económica de los departamentos franceses de ultramar, las Azores, Madeira y las islas Canarias, caracterizada por su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adversos y dependencia económica de un reducido número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo, el Consejo adoptará medidas que tendrán en cuenta ámbitos tales como las políticas aduanera y comercial, la política fiscal, las zonas francas, las políticas agrícola y pesquera, las condiciones de abastecimiento de materias primas y de bienes de consumo esenciales, las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los fondos estructurales y a los programas horizontales comunitarios.

Es un derecho legítimo que es muy importante que consigamos, y más aún cuando hay países ricos, como Finlandia, que disfrutan de éstos beneficios por todo el morro.

La LAPONIA finlandesa, a pesar de haber salido del objetivo 1 por crecimiento natural, recibirá un tratamiento beneficioso. Será tratada como región ultraperiférica a pesar de que no lo es ¿Donde está su lejanía? ¿Desde cuando esa barbaridad de terreno que abarca se considera reducida superficie? ¿Desde cuando insular es estar en pleno continente europeo?

¡Esto es un cachondeo al que hay que enfrentarse ya! Afortunadamente los melillenses contamos con una persona que se preocupa por nosotros, gracias a la cual la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo aprobó una serie de enmiendas para que Melilla pudiera mantener más allá de 2007 las ayudas que recibe en la actualidad de los fondos estructurales comunitarios, a pesar de que nuestra renta supere en esa fecha el 75% de la media comunitaria.

La iniciativa de estas enmiendas corrió a cargo de la eurodiputada Ana Mato, quien justificó las mismas por las peculiaridades territoriales, situación geográfica y desventajas naturales que tiene nuestra ciudad.

Ana Mato destacó en un comunicado que el apoyo que recibieron las enmiendas demuestra el reconocimiento “a la necesidad de que Ceuta y Melilla reciban de la UE una atención diferenciada por sus peculiaridades territoriales, su situación geográfica y sus desventajas naturales, que son factores que frenan y condicionan de forma permanente su desarrollo económico”.

Si el Gobierno español hubiera apoyado la propuesta de Ana Mato, Melilla podría haber percibido las ayudas de los fondos estructurales como región “Objetivo 1”, aunque nuestra renta media supere el 75% de la media comunitaria.

Lo que Mato pidió y que la Asociación Melillense de Estudiantes Universitarios solicitamos es un régimen para Melilla y para Ceuta similar al de Canarias en su calidad de región ultraperiférica. La eurodiputada sustento ésta posibilidad con estas palabras: “Sufren los mismos problemas de alejamiento geográfico, son ciudades que están en otro continente, que son frontera exterior de la UE, de reducida superficie, con escasez de recursos y que afrontan problemas de superpoblación, inmigración y desempleo, que las hacen merecedoras de un trato diferenciado”.

También manifestó que el coste de esta propuesta es “perfectamente asumible para la UE” y que esta política ocuparía, de ser finalmente aprobada, el 0,41% del presupuesto anual de la UE, lo que equivales a alrededor de 264.000 millones de euros. El problema fue que el Gobierno español no defendió el mantenimiento de ese esfuerzo financiero en beneficio de Melilla.

Los melillenses no podemos estar dependiendo toda la vida del Gobierno de turno y de si le importamos los melillenses, o de si quieren escuchar a CpM cuando presenta sus valiosas propuestas para Melilla dentro el contexto Europeo, a los cuales felicitamos por su iniciativa para tratar de conseguir que Melilla fuese declarada FRONTERA SUR de Europa. Por ello, el Estatuto de Autonomía debería de recoger en su articulado la obligación del Gobierno Central de luchar por que se nos reconozca la condición ultraperiférica, y si no lo consigue, que los Presupuestos Generales del Estado asuman todos los gastos.

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Sobre la Ponencia de Ignacio Velázquez:

Este largo artículo pertenece a una conferencia impartida por Ignacio Velázquez Rivera el 29 de marzo pasado en el Campus de la Universidad de Granada en la ciudad, dentro de las Jornadas de Discusión y Debate sobre el Estatuto de Autonomía de Melilla organizadas por la Asociación Melillense de Estudiantes Universitarios. Ignacio Velázquez fue, además de alcalde (1991-95) el primer presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla (1995-1998) y es colaborador habitual de este medio de comunicación. En la conferencia realizó una introducción sobre la vinculación de Melilla a España con apuntes sobre determinados hechos históricos y breve descripción de sus características. En el resto de la conferencia expone su punto de vista sobre el camino recorrido hasta la aprobación del Estatuto, desglosa su naturaleza jurídica y, finalmente, apunta unas conclusiones en los momentos en que estamos ante su presumible reforma.

Melilla: La última autonomía
El reto de la reforma estatutaria

He preferido titular esta charla como “Melilla: la última autonomía” por ajustarme rigurosamente a la historia, fue la última ley orgánica que se promulgó para cerrar el título VIII de la Constitución, un lejano ya 13 de marzo de 1995. Aunque bien pudiera llevar el subtítulo de “Melilla: 500 años entre el olvido y la esperanza”, como fiel reflejo de los sacudidas de su historia y del incierto ánimo de su población en este tiempo.
Buena muestra de lo que les digo queda reflejada en el siguiente episodio:
“Con los 2163 Ducados que importa su conservación, podrían mantenerse 4 jabeques de 24 cañones y una galeota o 13 de éstas, sobrando aún dinero para los gastos de evacuación y para construir algunas torres que defendieran la costa”.
Así se pronunciaba la comisión que capitaneada por el Teniente D. Felipe Caballero, fue enviada por el Rey Carlos III para estudiar la conveniencia de mantener la soberanía sobre Melilla.
Corría el año 1764 y la Monarquía española, por entonces, deseaba disponer de todas sus fuerzas para luchar contra Inglaterra, sin que nada le distrajera de tal empresa y en la duda de si los gastos económicos y de tropas dedicadas a la defensa de esta Plaza serían útiles o no, cruzó por la mente del monarca la idea de abandonarla.
Para un mayor abundamiento en los argumentos abandonistas la comisión insistía: “No conviene a la religión sostenerla porque en España se celebraría mejor el culto que en aquella, donde visiblemente reina la iniquidad, la relajación de costumbres y el escándalo. Aparte de que son rarísimos los moros que abrazan nuestra religión”.
Afortunadamente para las generaciones venideras un espontáneo informe elaborado conjuntamente por el Veedor General de Málaga, D. Miguel de Monsalves y el del Peñón, D. Martín de Córdoba, contradecían las tesis abandonistas y optaban abiertamente por su conservación.
Sus razonamientos para sostener esta postura de permanencia en Melilla se basaban en el perjuicio que podía suponer para Málaga permitir que Inglaterra pudiera disponer libremente de esta costa mediterránea hasta Gibraltar y el gran beneficio que reportaría al Sultán de Fez ver aumentar sus estados, población y recursos.
La prudencia de Carlos III hizo que se inclinara por las tesis de permanencia frente a los que abogaban por el abandono, salvando así a Melilla de una de las más difíciles encrucijadas de toda su historia.
Este pasaje, rigurosamente histórico, bien puede sintetizar el angustioso dilema en el que se han debatido los cinco siglos de la españolidad de Melilla, siempre a horcajadas entre el olvido, materializado por el nefando informe de D. Felipe Caballero y la esperanza, encarnada por la postura del Veedor General de Málaga.
La ambigüedad y la permanente duda han sido las constantes de algunos de nuestros gobernantes en relación al futuro de la España africana. Reticencias que incluso han llegado a plasmarse en documentos que, providencialmente, algunos no vieron la luz y otros no llegaron a desarrollarse.
Así la nonnata Constitución Federal de la I República de 1873, en su artículo 2° contenía esta curiosa disposición:”Las Islas Filipinas, de Fernando Poo, Annobón, Coriscos y los establecimientos de África componen territorios que a medida de sus progresos, se elevarán a Estados por los poderes públicos”.
Más recientemente un partido político, sin representación en la Asamblea de nuestra ciudad, en su XII Congreso abogaba por negociar con Marruecos la retrocesión de Ceuta y Melilla. También otro partido de mayor implantación nacional que el anterior incluyó en su programa para el actual milenio un futuro nada halagüeño para las dos ciudades españolas del Norte de África:
“Se ha de ir creando las condiciones idóneas dentro de ambas ciudades de tal forma que cuando llegue el momento adecuado la solución sea lo menos traumática posible”.
Como veréis se trata de un lenguaje calculadamente anfibológico pero es suficientemente explícito como para comprender lo que pretendían insinuar sus autores. Pero sería injusto hacer una generalización a la hora de analizar la actitud que desde la Península se ha adoptado sobre las dos ciudades españolas del Norte de África. Muchas son y han sido las firmes y decididas voluntades de preservar y mantener la indubitable españolidad de estos territorios.
Hoy en día podemos afirmar, sin ningún tipo de empacho, que, a pesar de ciertas dudas pretéritas, todos los partidos políticos con representación en nuestra ciudad defienden abiertamente el papel de Melilla dentro de la España Constitucional.
Así de rotundo lo afirman también personajes de la relevancia de Fernando Arrabal: “Sin Melilla, la idea de España carecería de sentido”.
Con la misma contundencia se refería el prestigioso catedrático Carlos Seco Serrano: “Por su nacimiento, por su destino, por su realidad -fascinante enclave en que conviven oriente y occidente, norte y sur, como en una mágica redoma (Un Toledo del siglo XII actualizado)- Melilla es, hoy por hoy, una de las plataformas más representativas de españolidad”.

II.- Recuerdo histórico
Ya decía nuestro gran Cervantes que la historia es madre de la verdad, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente y advertencia de lo porvenir. Por ello resulta imposible analizar nuestro presente sin conocer nuestro pasado.
“La provincia montañosa situada al Este produce elefantes. Se encuentran incluso en el Monte Abila y sobre las montañas que se llaman Septen Fratres, a causa de su semejante altura. Es aquí donde comienza el litoral Mediterráneo. Allí se encuentra el río Tamuda, que es navegable, antes allí había una ciudad, el río Laud, que también es navegable, la ciudad Rhyssadir y su Puerto”.
De esta forma el enciclopedista Cayo Plinio describió por primera vez en el siglo 1 de nuestra era la costa que acogía a la fenicia Rusadir (Gran Promontorio), la Metagonium de los griegos, la futura Melilla.
Encrucijada de civilizaciones, confluencia de culturas, encuentro obligado de los hombres del Mediterráneo, puente de dos continentes, Melilla ha estado sometida como pocos territorios a los avatares de los dominios y hegemonías, que a lo largo de siglos ejercieron los distintos pueblos y señores de la guerra sobre las ciudades que se asomaban al litoral del Mare Nostrum.
Codiciada, asediada, a veces abandonada, Melilla desde su fundación fenicia, recibió a cartagineses, romanos, bizantinos, vándalos, visigodos, árabes y castellanos.
Esta sucesión inacabable de pueblos dominadores o dominados, ha forjado el carácter abierto y tolerante del melillense, su ecléctica cultura y su indiscutible espíritu cosmopolita.
Melilla nace como ciudad española el 17 de septiembre de 1497, fundada por Pedro de Estopiñán, Contador Mayor de la Casa Ducal de Medina Sidonia, después de un fracasado proyecto de anexión por parte de los Reyes Católicos en 1493, cuando las tropas castellanos-aragonesas se acantonaban en Barcelona a las órdenes del Gran Capitán para ocupar un posible territorio que abarcaría desde Cazaza hasta el Río Muluya.
Desafortunadamente la invasión del Reino de Nápoles por el Rey francés Carlos IV hizo que estas tropas se desviaran hacia Italia en ayuda del Papa Alejandro VI, el Papa Borgia. Papa con cierta influencia sobre la historia de Melilla, pero eso merecería otra charla.
Desde su fundación y durante cinco siglos, la ciudad quedó circunscrita a sus recintos fortificados, varada en su condición de presidio -entendiendo este término en su acepción de plaza fuerte guarnecida por soldados- y no como prisión. Este carácter impidió el desarrollo de cualquier otra función que no fuera la militar.
Los ingenieros militares se afanaron en convertir a la ciudad en una fortificación inexpugnable. Toda esta sucesión de obras de ingeniería militar nos ha deparado en la actualidad cuatro recintos fortificados que han convertido a Melilla en un imponente museo vivo de la poliorcética castrense.
Pudiendo leerse en sus centenarias piedras el silencioso y permanente sufragio de su españolidad, como diría el ilustre melillense Juan Guerrero Zamora.
En los albores del S XX Melilla brotó a extramuros. A las faldas de su ciudadela se expandió un conjunto armónico de edificios modernistas fruto del extraordinario desarrollo de principio de siglo y de la obra de uno de los mejores discípulos de la escuela gaudiana: Enrique Nieto.
Estos dos núcleos bien diferenciados definen a Melilla como una ciudad de contrastes, donde se complementan la austeridad y sobriedad de la fortificación castrense con la espontánea, vivaz y alegre arquitectura modernista.
Contrastes que se evidencian en el polimorfismo de sus mezquitas, sinagogas e iglesias. Melilla: crisol de culturas, abigarrada mezcla de etnias, hermosa pluralidad de religiones, todas unidas, amalgamadas y ahormadas por un nexo común: el sello indeleble de nuestra españolidad.
Pero volvamos al inicio. Hasta el SXIX la realidad política-administrativa de la ciudad era de una extrema simplicidad, un Alcalde nombrado inicialmente por la casa Ducal de Medina Sidonia y posteriormente por la Corona de España, era toda la autoridad civil y militar de la plaza.
Dos sucesos bélicos van a llevar a Melilla a la tragedia, pero, con posterioridad, van a permitir un crecimiento explosivo de la ciudad, tanto en el espectacular aumento de su población como en un cambio radical en su economía.
El primer acontecimiento se produce en 1909 y pasará a la historia como el suceso del Barranco del Lobo, donde centenares de soldados españoles mueren por defender la construcción del ferrocarril que portaría a Melilla el hierro procedente de las minas de Uixan.
Este suceso fue el prólogo a la semana trágica de Barcelona y preludio a la crisis del Gobierno de Antonio Maura, convirtiendo a Melilla en el centro de la vida política de la nación, que se volcó con la ciudad aportando nuevos contingentes militares. Pero cuando verdaderamente va a experimentar Melilla un salto cualitativo y cuantitativo en su desarrollo, fue a raíz del Desastre de Annual de 1921.
La muerte del General Silvestre y de nueve mil soldados, fue un importante caldo de cultivo donde se alimentó la proclamación de la dictadura de Primo de Rivera dos años después.
Con la llegada de más unidades militares, Melilla se convierte en una ciudad con más de 120.000 habitantes, 8 hospitales, 5.000 camas hospitalarias, 18 equipos quirúrgicos, cuatro periódicos diarios, uno de los puertos comerciales de mayor tráfico del Mediterráneo y en la capital de una amplísima zona del protectorado español en Marruecos.
En 1879 se constituye el primer embrión del futuro Ayuntamiento. Se crea una Junta de Arbitrios que regirá los servicios locales.
Esta primera Junta de Arbitrios tiene carácter exclusivamente militar hasta 1902 cuando se incorporan nueve miembros civiles elegidos entre los vecinos. Esta institución permanece como la regidora de los destinos locales hasta 1927, que será sustituida por una Junta Municipal.
1956 va a ser otra fecha decisiva en la reciente historia de nuestra ciudad. Es en este año cuando se produce la independencia de Marruecos poniendo fin al protectorado español. Esto, unido al nacimiento del Estado de Israel, produce un importante fenómeno de emigración, principalmente de la numerosa colonia sefardita que abandona mayoritariamente la ciudad en dirección a Jerusalén, Tel Aviv o a Caracas. Del mismo modo, muchos comerciantes se encaminan de forma definitiva hacia la península al ver cercenados sus habituales canales comerciales con Marruecos.
La ciudad comienza un imparable retroceso demográfico y económico (de 84.000 habitantes en la década de los cincuenta, se pasa a 50.000 en la de los ochenta), problemas que se acrecientan con la rapidez con la que se firma el Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea, dejando a Ceuta y Melilla fuera de la Unión Aduanera y lo que va a ser un error histórico, en materia de pesca, se trata a ambas ciudades como si fueran terceros países, lo que conlleva la progresiva desaparición de la flota pesquera melillense y el cierre de todas las fábricas de salazonados al perderse su mercado tradicional.
Estos acontecimientos acaban por sumir a Melilla en un auténtico marasmo social que desemboca fatalmente en un colapso económico y en incertidumbre política.
Al inicio de la década de los 90, Melilla era una ciudad sin definir desde el punto de vista político administrativo y aún tratando de restañar las incisas heridas abiertas tras la errática política del Gobierno González en materia de nacionalidad y el conflicto social que originó en la ciudad.
Su sistema productivo era incapaz de absorber la demanda laboral que generaba, situándose a la cabeza de España en la tasa de desempleo con un porcentaje superior al 20% y la renta per cápita más baja de todo el país.
Todo ello unido a las continuas reivindicaciones anexionistas del vecino país y a una dialéctica poco contundente de nuestra diplomacia en este asunto, terminaron por sembrar un desasosiego y una inseguridad que se plasmó en una importante retracción de la inversión foránea e incluso de la propia. El melillense dejó de creer en las posibilidades de su tierra y empezó a invertir al otro lado del mar de Alborán.
Este clima de inseguridad política-económica trajo consigo situaciones que hoy se nos antojan incomprensibles. Por citar un ejemplo ilustrativo, baste recordar que en aquel entonces ni una sola entidad financiera daba créditos hipotecarios para la compra de inmuebles en Melilla.
En cuanto a la organización Administrativa de la ciudad, en 1931 se constituyó el primer Ayuntamiento democrático que tan sólo duró cinco años, sustituyéndose en 1936, como consecuencia de la Guerra Civil, por Alcaldes nombrados por el Gobierno Central hasta las siguientes elecciones democráticas municipales en 1979.

III. Desarrollo autonómico
De aquella ciudad indecisa que veía con preocupación su futuro, hoy ya sólo queda el recuerdo. Melilla es actualmente una ciudad viva y dinámica, definida políticamente y con una sólida estructura económica.
Una ciudad que quiso celebrar sus quinientos años de fundación española mirando más hacia delante que recordando trasnochados acontecimientos bélicos.
Es indudable que a este fenómeno tranquilizador mucho ha contribuido la aprobación del Estatuto de Autonomía.
La aprobación del Estatuto de Autonomía de Melilla conllevó dos hechos positivos para el futuro de nuestra ciudad. Por un lado, como en el resto de las Comunidades, supuso un eficaz instrumento político para la mejor gestión de los intereses de los melillenses, al acercar las decisiones políticas lo más próximo al ciudadano. Pero por otra parte, este Estatuto tenía un plus para Melilla, la encuadró en la nueva estructura política administrativa del Estado dimanante del Título VIII de la Constitución, homogeneizó su situación jurídica al resto del territorio nacional, ahuyentando el fantasma de las peligrosas diferencias con la metrópoli a la luz del Derecho Internacional.
Pero tampoco la aprobación del Estatuto de Autonomía fue pacífica. Así es. Parece que todo lo que concierne a esta ciudad, desde el punto de vista oficial, requiere un doble esfuerzo. El natural por tratar de superar la innata tendencia que tienen los acontecimientos oficiales a ralentizarse desesperadamente; y el que supone convencer a los que deben tomar las decisiones que nos atañen que éstas no van a perturbar las relaciones exteriores españolas con el vecino.
Lo cierto es que desde la aprobación de la Constitución del 78 hasta la promulgación del Estatuto de Autonomía de Melilla en el BOE el 13 de Marzo de 1995, transcurrieron 17 años en los que fracasaron todos los intentos de encuadrar a nuestra ciudad dentro del mapa autonómico.
Incluso en el período preconstitucional, resultó fallido el esfuerzo de los Diputados y Senadores de Ceuta y Melilla que solicitaron que ambas ciudades fueran incluidas, como dos provincias más, en el texto del Estatuto de Autonomía de la C.A. Andaluza que se estaba elaborando en Carmona.
Por aquellas fechas el Partido Socialista tenía una precaria mayoría en el ente preautonómico andaluz y al incorporarse los 6 parlamentarios norteafricanos, un diputado y dos senadores por ciudad, todos ellos pertenecientes a la extinta UCD, el Partido Socialista hubiera perdido la mayoría, por lo que en una decisión histórica, por su falta de visión de futuro y predominio de intereses partidistas y coyunturales frente a los generales, los partidos socialista y comunista vetaron el ingreso de las dos ciudades en la Comunidad Autónoma Andaluza.
Con esta falta de grandeza y generosidad finalizó nuestro primer intento de integrarnos en el futuro Estado de las Autonomías. Hoy, aún sigo pensando, que sin ser la mejor solución, nos hubiera ahorrado 18 años de frustraciones y sinsabores.
Aprobada la Constitución, las antiguas regiones se fueron constituyendo en las actuales 17 Comunidades Autónomas.
Mientras, los Ayuntamientos de ambas ciudades decidieron iniciar el mecanismo institucional que marca la Disposición Transitoria Quinta de nuestra Constitución para acceder a la condición de CA.
Esta Disposición Transitoria fue introducida a última hora en el debate constitucional merced a una enmienda “in voce” realizada por el Diputado por Melilla García Margallo en la Comisión Mixta Congreso-Senado. Enmienda auspiciada e influenciada de una forma decisiva por el entonces Vicepresidente del Gobierno, D. Manuel Gutiérrez Mellado.
Los acuerdos plenarios de ambos Ayuntamientos se produjeron por unanimidad, en Ceuta el 28 de septiembre y en Melilla el 13 de octubre de 1981. Conviene recordar que ambas ciudades estaban regidas por miembros de la UCD, al igual que el Gobierno de la Nación. El partido Socialista votó en las dos ciudades a favor de iniciar el proceso autonómico. De esta forma se daba cumplimiento a la primera parte de lo estipulado en la Disposición Transitoria Quinta.
Las elecciones generales de 1982 y las posteriores locales de 1983, otorgaron una aplastante mayoría absoluta al Partido Socialista en el ámbito nacional y el Gobierno Local en ambas ciudades.
Lo que antes entonces era un clamor autonómico, súbitamente se torna en lenguaje ambiguo y contenido vacuo, tratando de eludir o enterrar lo que hasta ese momento era irrenunciable para todas las fuerzas políticas de la ciudad: la conversión de Melilla en Comunidad Autónoma.
Durante los siguientes años el Grupo Parlamentario socialista va a votar sistemáticamente en contra de todas las proposiciones de ley que proponga el comienzo del proceso autonómico para las dos ciudades norteafricanas.
Los argumentos, en este sobrevenido cambio de actitud, nunca han sido suficientemente aclarados. Algunas veces han argüido sospechosas razones de estado, en otras han apelado a un evanescente consenso, cuando no a la más pura contradicción.
Como paradigma de esta contradicción y ejemplo de esquizofrenia política, en el debate del estado de la nación del año 1987, el entonces Presidente del Gobierno afirmaba: “La Constitución prevé para Ceuta y Melilla el mismo tratamiento que para cualquier parte del territorio español. Desearíamos que se consiguiese mediante el consenso y el entendimiento el Estatuto previsto en la Constitución”.
Al día siguiente el Grupo Parlamentario del PDP realizó la siguiente propuesta: “EI Gobierno, en consecuencia con lo anunciado por su Presidente, debe remitir al Congreso de los Diputados, en un plazo no superior a los 30 días, los estatutos de ambas ciudades”.
El Grupo Parlamentario Socialista votó en contra de esta sencilla y esperanzadora propuesta, siendo derrotada por 177 votos frente a 120.
También como muestra de este equívoco lenguaje del Gobierno de entonces aduciendo a la falta de consenso para justificar la no tramitación de las propuestas de ambas corporaciones municipales, sorprendentemente y sin acuerdo previo con el principal partido de la oposición, remite al Congreso un borrador de estatuto que se publica en el Boletín Oficial de las Cortes el 26 de febrero de 1986, con la denominación de Proyecto de ley por el que se aprueba el estatuto de la ciudad de Melilla.
La propia mesa del Congreso elaboró un informe en el que sostiene que este Estatuto debe tramitarse como Ley ordinaria porque no viene a aprobar un Estatuto de Autonomía sino a conceder a la ciudad de un Régimen Municipal especial. Afirma que carece de los mínimos requisitos que definen a una Comunidad y que, por tanto, no confiere autonomía política a la ciudad debiendo tramitarse el proyecto como Ley Ordinaria.
Como curiosidad, en esta Carta Municipal otorgada su artículo 20 define el territorio de la ciudad de Melilla, rezando que éste se compone del Peñón de Alhucemas, las islas Chafarinas y el comprendido en la delimitación actual de su territorio municipal.
Afortunadamente la convocatoria de elecciones generales trajo consigo la disolución de las Cortes Generales y el decaimiento de este escuálido estatuto. De nuevo quedaba sin resolver la cuestión autonómica y las reivindicaciones quedan soterradas por la hegemonía socialista a nivel nacional y local.
Pero toda cambia raíz de las elecciones municipales de 1991. En Ceuta gana un partido local, Partido para el Progreso y Futuro de Ceuta y en Melilla, sorprendentemente, gana el PP.
En el discurso de investidura como Alcalde ya adelanto: “Lograr la autonomía es esencial para Melilla: para integrarse en el modelo de organización territorial por el que optaron los constituyentes, para eludir las definiciones vigentes en la doctrina de Naciones Unidas, para reforzar la posición constitucional de nuestra españolidad, para ser iguales en sustancia a los demás pueblos de España. En definitiva queremos una autonomía para ser, estar y hacer. Para ser españoles de primer orden, para estar en Europa y para hacer una Melilla cada vez más próspera. No regatearemos ningún esfuerzo para conseguirlo”.
Y así fue, ratificamos los acuerdos plenarios municipales reclamando la Autonomía al Gobierno Central, llegamos a acuerdos con Ceuta para caminar juntos en nuestra reivindicación, fruto de ese acuerdo fue la marcha autonómica que celebramos ambas ciudades en Madrid reclamando lo que considerábamos era justo, pusimos en marcha sendas plataformas autonómicas cuya principal obra fue la elaboración de un borrador de estatuto de máximos que se hizo llegar al Gobierno Central.
Dos hechos van a contribuir a que se abra un nuevo y definitivo episodio en esta larga singladura en busca de la autonomía.
Uno de ellos es el innegable clamor que surge en ambas ciudades que se mantiene inalterable y vivo en la calle y a través de los medios de comunicación nacionales que comienzan a prestar atención a la causa autonómica melillense. La otra causa es la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, lo que le obligó a prestar más atención a las sugerencias nacionalistas El resultado fue que se abrió una interesante mesa de negociaciones en 1994 entre el Gobierno socialista y el PP.
Negociaciones que se inician con dos posturas totalmente diferenciadas y distantes. El Gobierno aportaba a la mesa de negociaciones la Carta Municipal presentada en las Cortes en el año 1986 -por cierto, con una sola diferencia, en el artículo 20 había desaparecido el Peñón de Alhucemas y las islas Chafarinas como componente del territorio municipal melillense-. Mientras, el PP presentaba una relación de mínimos para la aceptación del estatuto. En esta relación de mínimos se incluía:

• Denominación de estatuto de Autonomía.
• Nombramiento regio del Presidente.
• Iniciativa legislativa.
• Libre elección de los miembros del Gobierno.
• Presencia de Melilla en todos los consejos interministeriales.
• Tramitación como ley orgánica.
• Capacidad legislativa.
• Designación de un senador autonómico.

En todo el proceso de negociación el PP tuvo informado al PP melillense y a su Alcalde, y nunca se accedió a nada que no hubiera sido consensuado previamente aquí en Melilla.
El estatuto resultante, como todo hijo de la negociación y del consenso, no alcanzó a contentar plenamente a ninguna de las partes. De las peticiones iniciales del PP, se asumieron todas a excepción de las dos últimas: Capacidad legislativa y designación del senador autonómico.
El 6 de julio de 1994 el entonces Ministro de Administraciones Públicas Jerónimo Saavedra presentó a la Corporación melillense el contenido final del Estatuto y el propósito de tramitarlo en Cortes Generales. Personalmente le pedí que antes de su tramitación parlamentaria el texto debiera ser aprobado por ambas Corporaciones en Pleno para que el Estatuto no fuera una carta otorgada sino previamente aceptada por los representantes legítimos del pueblo melillense. Así se acordó y en Melilla se aprobó el 13 de julio con 22 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.
Los estatutos de Ceuta y Melilla, tras su tramitación parlamentaria, se publicaron en el BOE del 13 de marzo de 1995 como leyes orgánicas. Con esta aprobación se cerraba de forma definitiva el Título VIII de la Constitución, organizándose todo el territorio español conforme al espíritu de nuestra Carta Magna, transformadora de un vetusto estado centralista al viejo estilo francés en otro moderno, de predominio regional: El Estado de las Autonomías.
Esta afirmación lo corrobora el contenido del Preámbulo del Estatuto: “Con su aprobación, Melilla accede a su régimen de autogobierno, gozando de autonomía y completando el sistema autonómico que se ha desarrollado a partir de la Constitución española”.
De esta forma Melilla, por fin, homogeneizaba su estructura política-administrativa con la del resto del territorio nacional, anclándola de una manera definitiva y segura al Estado español. Esta afirmación se vuelve irrefutable al contemplar el contenido del artículo primero del Estatuto: “Melilla, como parte integrante de la Nación Española y dentro de su indisoluble unidad, accede a su régimen de autogobierno”.
Esta homogeneización con las demás CC.AA. no empece en absoluto con la presencia de claras y evidentes singularidades estatutarias. Especificidades derivadas de su propia peculiaridad geográfica.
Al tratarse de un territorio constituido por un solo municipio de reducidas dimensiones, resultaba absurdo crear una dualidad de administraciones, por un lado la Local y por otro la Autonómica.
El estatuto trata de que la nueva administración que surja de su funcionamiento absorba y asuma las típicas funciones municipales, realizando la Asamblea las funciones del Pleno Consistorial. También apunta el Estatuto que los miembros de la Asamblea serán a la vez Concejales, de idéntica forma se refiere al Presidente Autonómico, que también será Alcalde.
El Estatuto respeta las estructuras municipales pero dota a la nueva administración de ciertas competencias y requisitos propios y exclusivos de las CC.AA. El resultado de este esfuerzo conciliador nos ha deparado un estatuto que confiere a la ciudad rasgos propios de C.A., subsumiendo su esencia municipal, toda vez que por imperativo constitucional el Ayuntamiento no puede desaparecer (140 C.E.).
Podemos afirmar que estamos casi ante un invento constitucional. La dualidad competencial estatutaria ha abierto una nueva polémica acerca de la naturaleza jurídico-constitucional de las instituciones de la ciudad, enfrentando a quienes opinan que Melilla tiene naturaleza de Comunidad Autónoma y a quienes sostienen que en realidad estamos ante un simple Ayuntamiento común dotado de ciertas especificidades. Y esta duda es relevante, no sólo desde la perspectiva doctrinal y académica, sino también desde el práctico punto de vista político.
Por ello, si me lo permitís, entraremos en una pequeña disquisición sobre la naturaleza del Estatuto.

IV.- Naturaleza jurídica del Estatuto de Autonomía de Melilla
Mi modesta opinión es que existen suficientes y consistentes argumentos jurídicos como para sostener que no estamos ante un ente jurídicamente indeterminado, sino ante una estructura jurídica similar por analogía a la de Comunidad Autónoma. Veamos:
1.- Conforme al artículo 143 de la CE, el Estado español se organiza territorial mente por Municipios, Provincias y las CC.AA. que se constituyan. No caben entes intermedios. Los intermedios que existen no son territoriales, sino de naturaleza asociativa o producto de una descentralización funcional.
El estatuto como dice su preámbulo “integra y completa el sistema autonómico”. Estos términos son claros y no precisan interpretación, coincidiendo su semántica con el lenguaje jurídico utilizado en los 17 estatutos anteriores y de ninguna manera definen algo distinto de ellos. Entre otras cosas porque otro ente territorial distinto a municipio, provincia o CA no tendría cabida constitucional. O seguimos siendo un municipio de régimen común o disponemos de naturaleza jurídica de CA.
2.- Nuestro Estatuto de Autonomía fue aprobado mediante Ley Orgánica. El artículo 81 de la CE tasa de forma expresa que las Leyes Orgánicas se reservan para:
• Desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas.
• Régimen electoral general.
• Aprobación de los estatutos de autonomía.
“Sensu contrario”, no puede regularse mediante ley orgánica una materia no incluida en la reserva tasada. Por ello una ley Orgánica no podría nunca organizar un régimen municipal especial. El cauce legal hubiera sido el de la Ley Ordinaria, como ya sucedió en 1986.
3.- El nombramiento regio del Presidente de la Ciudad. Conforme al artículo 152 de la CE ello sólo está previsto para los Presidentes de CC.AA. que hubieran utilizado el acceso a la autonomía por vía del artículo 151, los llamados territorios históricos. No obstante, ha sido incluido en todos los estatutos y en el de Melilla se contempla en el artículo 15.
Este nombramiento se hace en función de la representación del estado que tienen los Presidentes en el territorio de la Comunidad. El nombramiento regio no recae sobre Presidentes de órganos de la Administración Local, es decir sobre Acaldes.
No se tata de una diferencia meramente formularia, ritual o protocolaria, sino que se corresponde con la diferencia esencial de uno y otro organismo.
4.- El artículo 13 de nuestro estatuto confiere a la Asamblea la prerrogativa de promover iniciativas legislativas. Este derecho está regulado por el artículo 87 de la CE que lo hace extensivo al Gobierno, Congreso, Senado, al pueblo con la aportación de 500 mil firmas y a las Asambleas de las CCAA. Si la Asamblea de Melilla no tuviera esta naturaleza, no hubiera podido recibir tal derecho de iniciativa y el artículo 13 sería rotundamente inconstitucional. Ningún Ayuntamiento tiene esta prorrogativa.
5.- Hay quien sostiene que no podemos tener naturaleza de C.A. porque no lo refleja así el Estatuto, que le confiere únicamente la denominación de Ciudad con Estatuto de Autonomía. Se emplee o no el término, no cambia las naturalezas de las cosas. Las instituciones se definen por su esencia jurídica y por su contenido y no por el “nomen iuris” que se les asigne. Sobre todo cuando entre la denominación de ciudad y la naturaleza de C.A. no existe contradicción alguna.
6.- La carencia de potestad legislativa no es un argumento sólido para poner en duda la naturaleza jurídica del Estatuto. Siendo uno de los elementos definidores de la Autonomía política, no es el único ni exclusivo.
La C.E. sólo concede esta facultad en su artículo 152 a las CC.AA. que accedieron por el procedimiento previsto en el artículo 151. A las CC.AA. que accedieron por la vía del 143, la mayoría, se acordó otorgar la capacidad legislativa en los acuerdo autonómicos de 1981. Por lo que la capacidad legislativa no es mandato constitucional para todas las CC.AA., no siendo un requisito indispensable a la hora de definir la naturaleza jurídica de las CC.AA.
Este argumento es apoyado por el contenido del artículo 69 de la C.E., que en su apartado quinto, al referirse a la designación del senador autonómico, ya prevé que tal nombramiento corresponda a la Asamblea Legislativa o al órgano Colegiado Superior de la Comunidad, dando por supuesto la posibilidad de un órgano autonómico sin capacidad legislativa.
7.- La vía para acceder a nuestras pretensiones autonómicas es absolutamente constitucional: artículo 144 b. “Las Cortes Generales, mediante ley Orgánica, podrán por interés general autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de Autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial”.
La propia Disposición Transitoria Quinta hace remisión a este artículo para su tramitación. En el debate constitucional de este artículo el diputado de UCD, Meilán Gil, hace la siguiente precisión a la hora de introducir los dos supuestos de acordar o autorizar en su caso: “Creemos que de esta manera se puede salir al paso de toda suerte de posibilidades con que nos podemos encontrar en el futuro, situaciones como las de Ceuta y Melilla, que no están integradas en la organización provincial o eventualmente otros supuestos que están en la mente de todos y sobre las cuales la palabra acordar no sería la adecuada y sí sería la pertinente la de autorizar”
Está claro que el hábil político centrista realiza una inteligente perífrasis para no nombrar explícitamente a Gibraltar que es el territorio para el que se prevé en un futuro autorizar un Estatuto de Autonomía.
En definitiva, denominar Estatuto de Autonomía a lo que después se pretende que no lo sea, utilizar indebidamente la reserva constitucional a la Ley Orgánica, conceder a un nuevo ente prerrogativas propias de C.A. para luego negarle su naturaleza jurídica, carece de sentido común y se me antoja obstinadamente anticonstitucional.

V.- Conclusiones
1ª.- Esta argumentación creemos que es suficientemente sólida para afirmar que pese a la denominación de Ciudad Autónoma la naturaleza jurídica de sus instituciones es similar a la del resto de CCAA.
2ª.- El posterior desarrollo estatutario con nuestra incorporación a las conferencias sectoriales de los respectivos Ministerios, al consejo de política fiscal y económica, nuestra participación en el debate del Estado de las Autonomías y nuestro sistema de financiación, es idéntico al de todas las Comunidades Autónomas.
3ª.- Como toda obra humana el estatuto es manifiestamente mejorable y perfeccionable, y en ello debe volcar todo su afán la clase política local, profundizando en el completo desarrollo de las competencias transferidas e ideando fórmulas imaginativas para separar la figura del Presidente del ejecutivo del de la Asamblea, a lo mejor por vía reglamentaria.
4ª.- Una vía para aumentar nuestro techo competencial es buscar encomiendas de gestión de materias estatales en la ciudad para que sean gestionadas por la Ciudad (sanidad asistencial, educación).
5ª.- Quizá la verdadera reforma estatutaria por la que se debe luchar es volver a incluir como parte del territorio municipal melillense a los peñones de Vélez, Alhucemas y las islas Chafarinas, únicas partes de España que actualmente no se encuentran encuadradas en ninguna Autonomía. (Como anécdota os contaré que cuando ya estaba casi consensuado totalmente el estatuto, a mí se me ocurrió recordar que por qué no se volvía a incluir a Chafarinas y Alhucemas dentro del territorio municipal. Las caras de sorpresa y preocupación fueron inmediata, se produjo un clamoroso silencio en el despacho ministerial y alguien respondió: ¿Tú es que estás empeñado en declarar la guerra a Marruecos?)
6ª.- Por último podemos afirmar sin dudas que, después de doce años de rodaje del Estatuto de Autonomía, éste ha cumplido con creces los objetivos con los que se promulgó:
Ha producido una profunda transformación de la estructura política-administrativa de la ciudad.
Ha favorecido un espectacular incremento de la financiación de la propia administración, y una consolidación de nuestro sistema productivo.
Ha asentado y refirmado nuestra situación dentro de España y Europa.
Ha mejorado la confianza del ciudadano en sus Instituciones. Ha acercado las decisiones políticas al vecino y ha mejorado su calidad de vida.
Hay que ser agradecido a lo que nos ha sido útil y nos sigue siendo, recordemos lo que afirmaba nuestro gran filósofo don José Ortega y Gasset: “Lo mejor que humanamente puede decirse de algo es que necesita ser reformado, porque ello implica que es imprescindible y que es capaz de nueva vida”.

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Balance de José Valdivieso

Responsable de las Jornadas.

Septiembre de 2.008

Hace medio año, un miembro del PSOE, cuando me justificaba su oposición a que Melilla incrementase sus competencias, acabó desvelándome por qué verdaderamente se niegan a ello: Imagínate tú que el moro llegue a ganar algún día las elecciones y llegase a tener todas las competencias que una Comunidad.

¿Cómo? ¿Perdona? Un melillense, un voto, y quien decidan los melillenses que ha de gobernar, que gobierne ¡Es la democracia! ¡Tú no te puedes negar a nuestra equiparación competencial con el resto de España por-que tengas miedo a que otra formación política pueda llegar a ganar las elecciones algún día!

Esta fobia que procesan los socialistas hacia los melillenses que “no son españoles de toda la vida”, les impide comprender que aquí no hay ciudadanos de primera y de segunda, y esto ha quedado demostrado con el cuestionamiento de la españolidad del Consejero de Presidencia por parte de Dionisio Muñoz. Se le escapó en voz alta lo que pensaba y por fin ha quedado probado públicamente el desprecio y el miedo que manifiestan hacia todo melillense que no se apellide Pérez, García o López.

El PSOE se opone a que elevemos el nivel competencial de la ciudad por el temor que tienen a que Aberchán pueda llegar a ser algún día Presidente de Melilla con mayoría absoluta y se le vaya la cabeza. Y es este pánico que le tienen y sus ansias de llegar al poder, lo que no les permite ver el nivel de sinvergüencería política en el que han caído al aliarse con los que tanto odian.

Pero el PSOE no solo es contrario a que aumentemos nuestras competencias, sino que también rechaza nuestra conversión en Comunidad Autónoma. Para evitar roces diplomáticos con nuestro vecino del sur, los socia-listas hasta se niegan a la simple propuesta de cambiar la denominación de “Ciudad” por la de “Comunidad”, ya que Marruecos se opone a ello debido a que supondría un refuerzo del estatus jurídico de Melilla al producirse nuestra plena integración en el Estado Autonómico.

Ha llegado el momento de ser claros y dejarnos de ambigüedades. Si se nos impide alcanzar nuestros derechos constitucionales, si no somos Comunidad Autónoma, es porque Marruecos no quiere, y porque el Partido Socialista le ha hecho y le está haciendo el juego.

Ya está bien ¿Cuánto tiempo más hemos de aguantar? El Presidente Imbroda por fin ha dicho lo que todos sabían y todos callaban, y ha reconocido públicamente que Jordi Sevilla, cuando estaba al frente del Ministerio de Administraciones Públicas, le confesó que Melilla no es Comunidad “porque Marruecos no quiere”.

Animo a todos los que sepan informaciones, como la desvelada por Imbroda, sobre la verdadera razón por la que Melilla no es Comunidad Autónoma, a echarle narices y que digan las cosas con nombres y apellidos. Así conseguiremos que el PSOE no pueda seguir negándonos nuestros derechos excusándose en estupideces.

Yo quiero hacer mi pequeña contribución a la causa autonomista recordando a todos los melillenses extractos de las intervenciones públicas que realizaron hace un año dos de los conferenciantes que participaron en las Jornadas sobre el Estatuto de Melilla que organizamos desde la Asociación Melillense de Estudiantes Universitarios.

El primero de ellos fue pronunciado por el Ex–Presidente Ignacio Velázquez cuando recordaba la larga negociación estatutaria con los socialistas: Cuando ya estaba casi consensuado totalmente el estatuto, a mí se me ocurrió recordar que por qué no se volvía a incluir a Chafarinas y Alhucemas dentro del territorio municipal. Las caras de sorpresa y preocupación fueron inmediata, se produjo un clamoroso silencio en el despacho ministerial y alguien respondió ¿Tú es que estás empeñado en declarar la guerra a Marruecos?

¡Sin comentarios! Que cada uno juzgue si todo lo que afirmé previamente no queda probado gracias a las revelaciones de Velázquez. Pero bueno, para que no que-de ningún tipo de dudas, citaré 5 extractos de la intervención de otro de los ponentes, Dionisio García Flórez (Doctor en RR.II, director de la revista Fuerzas Armadas del Mundo, autor del libro Ceuta y Melilla, cuestión de Estado…), durante las Jornadas. Estos son:

1. Contrariamente a lo que mucha gente desde el Gobierno y desde los partidos políticos han intentando machacarnos con que Marruecos no ha tenido nada que ver en la elaboración de los Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla, yo debo decir que eso no es así. No es casualidad que se aprobaran 15 años después de que se cerrara el mapa autonómico en el resto de España. Marruecos ha tenido mucho que ver, tanto directa, como indirectamente.

2. El PSOE, sin saber explicar muy bien, se negó en redondo a que Ceuta y Melilla tuvieran la calificación de Comunidades Autónomas aduciendo para ello ideas muy peregrinas… Lo que no se decía, naturalmente, es que a Marruecos no le gustaba nada que dichas ciudades se integraran plenamente en el mapa territorial español y por lo tanto no quedara ninguna cuña donde Marruecos pudiera decir que Ceuta y Melilla son diferentes al resto de España…

3. A mí no me cabe duda que cualquier borrador de los futuros Estatutos de Ceuta y Melilla serán enviados a Exteriores y que, por un cauce u otro, serán consultados con el Gobierno Marroquí.

4. Ceuta y Melilla han dejado de ganar mucho nivel de bienestar por contentar a Marruecos. Lo más importante es el futuro de Ceuta, Melilla y de sus habitantes. No se puede empañar el futuro de ambas ciudades por miedo a molestar al vecino de al lado, como lamentablemente se ha hecho en múltiples ocasiones.

5. La oposición de Marruecos puede suponer un parón en el desarrollo de Ceuta y Melilla. Que a nadie le quepa duda que Marruecos va a influir de una manera u otra, ya sea a través de presiones políticas, económicas, de manifestaciones o declaraciones de buenos o malos modos… van a influir. Pero nuestra diplomacia, yo creo que está lo suficientemente consolidada para que los estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla, que yo espero que puedan incluir el título de Comunidad Autónoma, puedan ser aprobados sin que nuestras relaciones con Marruecos se vean dañadas.

Tras todo lo expuesto, creo que es más que patente que si a día de hoy no somos Comunidad Autónoma, ni hemos alcanzado todos los derechos que a Melilla le corresponden, es porque Marruecos no quiere y porque el PSOE teme a la mitad de los melillenses. Pero ha llegado el momento de que el miedo que los socialistas tienen a la población melillense de religión musulmana no pueda seguir suponiendo un obstáculo para que nuestra ciudad sea Comunidad Autónoma.

Por ello es muy importante el anuncio del Presidente Imbroda sobre la predisposición del Partido Popular, y del Gobierno de la Ciudad, de aprobar la propuesta de reforma estatutaria que Coalición por Melilla presentó.
El borrador de nuevo Estatuto elaborado por CpM, es muy básico, no recoge todos los derechos ni competencias que legítimamente le corresponden a Melilla y de los que injustamente carecemos. Pero aún así, en caso de que se aprobase, sería un gran paso para la equiparación de nuestra ciudad con el resto de España.

El Presidente Imbroda ha movido ficha, ahora le toca a CpM y al PSOE. A Aberchán no le queda más remedio que votar a favor del borrador que el mismo elaboró, si no, a ver cómo se lo explica a la ciudadanía melillense. El PSOE, visto su historial, dudo que lo apoye, pero esa actitud pondría de manifiesto la incoherencia del pacto suscrito con CpM y cómo son capaces de presentarse a unas elecciones generales con quién sea con tal de tratar de hacerse con el poder.

Por ello, si los partidos firmantes del pacto del todo vale con tal de llegar a sentarme en el sillón, no votan a favor de la propuesta cepemista, definitivamente se les verá el plumero. En cambio, si la inteligente jugada orquestada por Imbroda finalmente se saldara con el apoyo de la oposición, por fin podremos decir que, en Melilla, por fin habrá desaparecido “el miedo al moro”.

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